Cualquier reflexión sobre
el papel de las Asociaciones de Museólogos en España,
debe venir precedida por un examen de aquello sobre lo que ejerce
su labor tutelar, la propia profesión de museólogo,
que lejos de ser la figura estática que durante tantos
años fue en nuestro país, se mueve ahora con la
velocidad de los cambios de las estructuras sociales y culturales
en un mundo dominado por la globalización.
Se ha pasado de un país en que el número de museos
era relativamente escaso, y fundamentalmente de titularidad
estatal, a otro en que la creación de museos se ha disparado,
con un número en torno a los 1300, y amenaza con un crecimiento
imparable a medida que se ponen en marcha nuevas iniciativas,
sean del Estado central, de las Administraciones autonómicas
o locales, de fundaciones diversas, e incluso, aunque menos,
de particulares, obedeciendo a una demanda real del público
como consecuencia de la democratización de la cultura
y asumida por los promotores como elemento de prestigio.
No hace falta recurrir a los ejemplos archiconocidos de los
grandes museos para demostrarlo. Otras muchas experiencias infinitamente
más modestas avalan igualmente el fenómeno, como
la gran cantidad de pequeños museos que surgen por doquier
amparados en los fondos comunitarios que vienen de Bruselas,
utilizados por los munícipes como factor, o así
lo entienden ellos, de desarrollo económico para sus
poblaciones, generalmente ayunas de otras fuentes de riqueza.
Por otra parte además del museo se han puesto en marcha
otra serie de centros, como las aulas arqueológicas,
las aulas de la Naturaleza o centros de interpretación,
que aunque no sean exactamente lo mismo que el museo mantienen
con esta institución muchos puntos de afinidad en cuanto
a la difusión, su relación con el público,
su carácter educativo, quizá con un mayor componente
lúdico.
Cualquier elemento del patrimonio cultural o natural es susceptible
hoy de convertirse en recurso turístico mediante una
musealización adecuada.
Cabe preguntarse no obstante si ese incremento de demanda y
de oferta ha ido acompañado de una mayor calidad de los
museos que se han puesto en marcha en estos años y de
una mayor cualificación de las personas al frente de
los mismos.
Además, a partir de los 80 se produce, por otra parte,
por influjo anglosajón, un cambio dentro de los museos
y su percepción por parte de la sociedad, dirigido más
al público que a los objetos que habían sido hasta
entonces los protagonistas.
Por otro lado, la propia diversificación y eclosión
de los museos ha hecho más compleja la labor del profesional
dedicado a estos centros, circunscrito antes a un mundo mucho
más reducido y más fácil por más
conocido: la custodia de las piezas y la aportación a
las mismas de los aspectos científicos propios de un
investigador, junto, claro está, con el mantenimiento
de las colecciones abiertas al público, aspecto que constituía
entonces y ahora la razón de ser fundamental del museo.
En la actualidad, el mayor protagonismo de estas instituciones
ante la sociedad demanda del profesional de museos múltiples
facetas: gestor, diseñador, educador, comunicador, captador
de recursos, etc., que hacen mucho más compleja su figura,
si bien lógicamente, el panorama varía sustancialmente
según el tamaño, y la consiguiente complejidad
del centro de que hablemos.
Asistimos por ello a una cierta indefinición del papel
del museólogo, desde sus orígenes, en que todo
estaba mucho más claro, al momento presente.
Es evidente que la vocación monolítica del conservador
de museo capaz de ocuparse de todos los aspectos que pueden
afectar al centro es insostenible hoy día, por lo que
todos los que desarrollan su trabajo de manera habitual en el
museo pueden ser considerados profesionales de museos. Ahora
bien ¿son museólogos en sentido estricto o son
profesionales e otros campos que prestan sus servicios en el
museo?
Lo cierto es que cada día más los conservadores
tienen que ser ayudados por otros especialistas: arquitectos,
diseñadores, montadores de exposiciones, pedagogos, en
el desempeño de sus tareas.
El ICOM contempla un amplio abanico de estos profesionales en
sus estatutos cuando los identifica con el conjunto de miembros
del personal de museos o de las instituciones afines que hayan
recibido una formación especializada o posean una experiencia
práctica equivalente en cualquier campo relativo a la
gestión y las actividades de un museo y las personas
independientes que, respetando el Código de Deontología
Profesional, trabajan para museos como asesores o profesionales.
La legislación actual en España ofrece una indefinición
intencionada al no especificar quienes son los profesionales
de museos, ya que la norma que debería haberlo aclarado,
el Reglamento de museos de titularidad estatal y del Sistema
Español de Museos de 1987 se limita a establecer las
funciones y las áreas básicas de los centros sin
entrar en temas de personal, pensando seguramente en la casuística
que se abriría con posibles situaciones de conflicto
en relación con las Comunidades Autónomas.
Ante esta diversidad de funciones, es claro que el museólogo
-término por amplio que parece más apropiado que
el de conservador, de connotaciones más rancias y que
se puede prestar a confusión-, tiene que ser un profesional
de formación global, ya que es muy difícil responder
a los cometidos diversificados que hoy se exigen de la profesión.
Se entendería por ello que el museólogo es el
que tiene la formación integral en museos, con una visión
generalista capaz de comprender el museo en su totalidad, con
visión de conjunto, sin que esté reñida
esa vocación integradora con que además detente
una especialización determinada en alguno de los campos
de la Museología.
Como señala Andrés Carretero, el técnico
de museos tiene que tener una formación global por la
unidad de funciones que el museo supone y al mismo tiempo especializada
ante la diversidad de contenidos del centro.
Posiblemente el principio de ordenación de los museos
a partir de la fórmula ya tan manida de la definición
del ICOM pasa por el establecimiento de unas relaciones de dependencia
entre las distintas funciones que se atribuyen a estos centros.
Ciertamente todas son importantes pero seguramente alguna lo
es más que otras, y debe por ello ser prioritaria.
Esta indefinición, al no tratarse de una profesión
no reglada al modo de otras más definidas como la de
arquitecto, médico o ingeniero, hace hoy por hoy difícil
de tipificar posibles situaciones de intrusismo profesional,
ya que cualquiera que trabaje en áreas funcionales del
museo con una preparación universitaria básica
es avalado por la práctica como profesional de museos.
Sí es más claro, sin embargo, el intrusismo por
la vía de la libre designación por parte de las
autoridades políticas, por los nombramientos de profesores
de la universidad -cuando no es posible el camino inverso, acceder
desde el museo a la universidad por parte de los conservadores-.
Igualmente se puede considerar intrusismo el acceso a los puestos
de conservador de otros funcionarios del grupo A en algunas
autonomías que carecen de ese cuerpo específico.
Esta difuminación del conservador de museo viene en paralelo
con la irrupción en el mercado laboral de una serie de
profesiones emergentes, como la de Gestor de Patrimonio Cultural,
en la línea de los estudios de dirección y administración
de empresas, que nace con una vocación de abordar los
aspectos del patrimonio histórico más relacionados
con su rentabilidad, difusión y puesta en valor, sin
incidir, al menos por el momento, en los más propiamente
conservacionistas o referidos a la catalogación o documentación,
y cuya plasmación en el mercado laboral se irá
concretando en los próximos años.
Su visión es la de gestionar los recursos del patrimonio
desde una óptica empresarial, por supuesto desde el respeto
a la integridad del bien cultural, como establecen los estatutos
de la recién constituida Asociación de Gestores
del Patrimonio Cultural que agrupa a este colectivo.
En relación con ello, también en el mundo académico
han surgido, al amparo de la Ley de Ordenación Universitaria,
especialidades de cuatro de años de duración sobre
Patrimonio Histórico que proyectará sin duda nuevos
profesionales sobre el mercado de trabajo asociado a la cultura.
Esta complejidad se ve reflejada lógicamente en los sistemas
de selección del personal técnico de museos: oposiciones
en las Administraciones Estatal, autonómica –creando
sus propios cuerpos de museos- o local, con una serie de temas
reglados, concursos de méritos, o bien contrataciones
temporales o definitivas en aquellos centros como fundaciones
y otros de carácter privado con más libertad de
movimiento y agilidad en su gestión.
En todo caso, los primeros parecen ofrecer una mayor garantía
de estabilidad para los profesionales y salvaguarda su independencia
frente a las presiones políticas, permitiéndoles
una mayor dedicación a la especialización frente
a la contratación laboral, aunque no hay que desconocer
las posibles ventajas de este sistema frente a la inercia o
la falta de motivación que en ocasiones puede llevar
aparejado, hablando en términos generales de la Administración,
el sistema clásico de oposiciones.
En relación con el tema de las oposiciones, en los años
70, a partir de la creación del Cuerpo Facultativo de
Conservadores de Museos en 1973, se fue perfilando un sistema
en que los centros seleccionaban a sus conservadores adecuándolo
al perfil que les interesaba mediante la convocatoria de pruebas
específicas. Esta línea sin embargo se ha visto
rota por la introducción de la Ley de Medidas para la
Reforma de la Función Pública de 1984, que ha
venido a consagrar el modelo de pruebas de tipo generalista,
al uniformizar el sistema de acceso y la apertura a distintas
clases de titulaciones, que dificultan la especialización
de quienes superan las pruebas.
Para huir de esta limitación, los grandes museos de bellas
artes recurren a la contratación de profesores universitarios
de manera temporal, figuras de reconocido prestigio, buscando
el superespecialista, de modo que se consagra la preeminencia
de los conocimientos científicos sobre los propiamente
técnico-museológicos.
Con las Comunidades autónomas los sistemas de selección
se han diversificado, variando de unas a otras el tipo de requisitos
para acceder a los puestos, si bien en esencia pueden ser más
o menos similares.
Todo esto tiene mucho que ver con la formación previa
en Museología que de paso a la práctica de la
profesión. A pesar de haberse planteado teóricamente
en fecha tan temprana como 1933 en España no existe hasta
la fecha ningún tipo de especialidad universitaria reglada
en Museología, como tal licenciatura específica,
a pesar de los variados masters y algunos cursos de postgrado
que se vienen celebrando en distintos centros, unos de contenido
general en Museología y otros dedicados a especialidades
concretas.
Muchos de esos cursos que hoy son relativamente abundantes adolecen
de excesivo componente teórico, no siempre están
impartidos, además, por las personas más preparadas
y a veces se centran en temas excesivamente monográficos
que no van acompañados de la disponibilidad de puestos
de trabajo con ellos relacionados.
Por otra parte la desaparición de las prácticas
profesionales en museos, que la reforma de la Ley 1984 barrió,
eliminó otra posibilidad valiosa de contactar con el
mundo de los museos por parte de los potenciales interesados.
Las únicas posibilidades de acercarse al mundo de los
museos son en muchos casos simplemente cursar, durante el primero
o segundo ciclo de la carrera, la asignatura de Museología,
incorporada a los planes académicos a partir de los años
70.
Lo cierto es que la formación en nuestros museos sigue
siendo autodidacta. Se adquiere con la práctica, tanto
en los museos públicos como privados antes que como disciplina
teórica que se estudia previamente para ejercitarla luego.
Teniendo en cuenta la situación esbozada, para iniciarse
en la profesión de museólogo desde el punto de
vista académico, parece adecuada la posesión de
una Licenciatura en el tema concreto de especialización
que cada uno personalmente elija (arte, historia, arqueología,
antropología, ciencias, gestión cultural, patrimonio,
etc.), y que le permitirá obtener la base científica
y los instrumentos formales de trabajo relativos a los fondos
de los diversos tipos de museos y que constituyen la esencia
de su tarea.
Parece conveniente también, en un planteamiento académico,
la existencia de un ciclo de Museología de tercer grado
como complemento de la Licenciatura anterior. Con ello se podría
adquirir la formación especializada necesaria y los conocimientos
comunes para el ejercicio de la profesión.
Esta última fase académica se debería hacer
compatible con la realización de prácticas en
los distintos centros, de modo que pudiera contrastarse la teoría
con la realidad, las cuales deberían estar ligadas muy
directamente a los profesionales de los museos de modo que se
facilitase la transmisión de la experiencia acumulada
por aquéllos.
Siguen siendo válidas, en un tema como éste, sometido
a discusión, las cuestiones más polémicas:
¿es necesaria una licenciatura en Museología o
en Patrimonio Cultural como condición indispensable para
acceder al trabajo en los museos?, ¿son exigibles de
la misma manera como complemento de una licenciatura, los cursos
de postgrado referidos a Museología?, o si no indispensables,
¿deben ser puntuables los cursos especializados durante
el proceso selectivo?
En todo estos caso, tras el acceso teórico a un puesto
de trabajo en museos, sí debería abrirse un período
de prácticas en centros de variadas características
a fin de conocer distintos tipos de fondos y situaciones, lo
mismo que para los trabajadores que prestan sus servicios en
museos de manera habitual resulta fundamental la celebración
periódica de cursos de perfeccionamiento y de especialización
en materias concretas relacionadas con la profesión,
dentro de una política de actualización permanente
de conocimientos.
Una reivindicación que surge frecuentemente por parte
de los profesionales es la pérdida paulatina por parte
del museo de su capacidad investigadora, reclamando un estatus
en este campo similar a los centros universitarios que les permitan
liderar proyectos científicos y recibir las subvenciones
necesarias, si bien algún colega considera que la investigación
en los museos debe ir más dirigida a lo “museológico”,
a los intereses de los visitantes, del público o de la
exposición más que a lo propiamente académico.
Los museos demandan asimismo un mayor grado de autonomía
de gestión que agilice los asuntos, a veces elementales,
que tienen que resolver, muchas veces condicionados de manera
exasperante por una estrecha y retardante dependencia burocrática
de los organismos administrativos.
Otro problema que se cierne sobre el panorama de los museos,
y seguramente no ha hecho más que empezar, es la amenaza
de privatización que parece planear sobre los museos
europeos, siguiendo las pautas de la Museología norteamericana,
tema en el que Italia aparece ahora como punta de lanza.
Acostumbrados a la vinculación tradicional de la administración
cultural con la cosa pública, la propuesta no puede por
menos de inquietarnos. Habrá que estar atentos a su posible
evolución, quizá menos preocupante de lo temido,
si, como parece, el bloque científico-técnico
del museo, asociado a la conservación y documentación
de las colecciones, permanece como hasta ahora en manos de profesionales,
y lo que se pretende privatizar, encomendar a empresas, se refiere
exclusivamente a aspectos exteriores como publicaciones, marketing,
difusión, didáctica o gestión de recursos.
En todo caso habrá que mantenerse vigilantes para que
esa vía no signifique el abandonismo de los centros por
parte de las Administraciones.
Bien es cierto que todas estas observaciones están más
justificadas en el caso de los museos dependientes de las administraciones
públicas, más vinculados a los que hoy día
formamos mayoritariamente la Asociación Profesional
de Museólogos de España.
Habrá con seguridad otras visiones de los museos de otras
instituciones, fundaciones o de particulares que en gran parte
presentan una problemática diferenciada, por no hablar
de un colectivo tan importante como los museos de la Iglesia
Católica, con la singularidad que ésta presenta.
En todo caso hay que insistir en la necesidad, con independencia
de la titularidad de los centros, de una formación adecuada
como condición indispensable para ocupar puestos en museos.
En este sentido resulta digna de encomio, por lo que tiene de
razonable y de pionero en la legislación española
el reciente Decreto del Gobierno Catalán (Decret 232/2001)
sobre el Personal Técnico y Directivo de los museos inscritos
en el Registro de museos de Cataluña que establece la
necesidad de contar cada centro al menos con un técnico
superior de museos, que ha de tener una titulación superior
universitaria y los conocimientos de Museología que se
relacionan en el anexo del mismo decreto.
Se echa igualmente en falta en el mundo de la Museología
en España un organismo de coordinación entre museos,
que sirviese de punto de acercamiento e intercambio de información
entre estos centros, ahora más necesario que nunca con
la puesta en marcha de la organización autonómica
del Estado, generalizada a partir de 1987, con lo que supone
de disparidad de administraciones, de distintas maneras de abordar
la resolución de los problemas de personal sobre todo.
Lo cierto es que la puesta en marcha del estado de las Autonomías
ha traído aparejada la disminución como colectivo
unificado del único núcleo de profesionales del
Estado, diluidos ahora sus componentes en las distintas comunidades
autónomas, desapareciendo una cierta unidad de criterio
sin que se garantizase un cierto estatuto de cohesión
entre los profesionales
Se supone que ese papel aglutinador debería corresponderle
al Ministerio de Cultura como órgano que está
por encima de las instituciones y los planteamientos locales,
pero lo cierto es que no ejercita demasiado ese papel, salvo
la organización hace tiempo de algunas jornadas y cursos
de formación a los que tenían acceso los conservadores
transferidos a las autonomías.
En gran parte para suplir ese vacío y servir de instrumento
de relación entre los museólogos en diciembre
de 1994 nace la Asociación Profesional de Museólogos
de España, con la finalidad de defender los criterios
profesionales de sus miembros y de sus intereses legítimos;
propugnar el reconocimiento de la Museología como actividad
profesional especializada; fomentar sistemas de formación,
tanto continua como para los nuevos profesionales; subrayar
el papel de los museos como contenedores del patrimonio cultural
ante la sociedad; asesorar a los organismos nacionales e internacionales
en aspectos relativos a la legislación sobre museos y
su desarrollo; ofrecer a los organismos titulares propuestas
y estudios tendentes a la mejora de la situación de los
profesionales; facilitar el intercambio de información
entre sus miembros mediante coloquios, congresos, etc; divulgar
a través de los medios de comunicación social
la situación de los museos y cuanto les pueda afectar;
y establecer un código ético.
Podría hacerse autocrítica
de la Asociación planteándose hasta que punto
ésta recoge las reivindicaciones de la profesión,
si agrupa a una masa importante del colectivo de profesionales
de museos en nuestro país, es decir si resulta suficientemente
representativa; si está obteniendo el reconocimiento
público suficiente y el apoyo legal por parte de los
poderes públicos para hacerse oír en los temas
que afectan a los museos y, por consiguiente, con cierta posibilidad
de influir para cambiarlos.
Otra, también de ámbito nacional, Asociación
Española de Museólogos, creada en 1993
y conocida fundamentalmente por la calidad de su revista, se
plantea igualmente luchar por los intereses de la Museología
pero desde una perspectiva más abierta, no profesional,
dando cabida a las personas interesadas en el tema sin que sea
requisito necesario el trabajar en puestos concretos de museos.
Resulta cuanto menos llamativa la existencia de dos asociaciones
tan parecidas en el nombre, tema que quizá pueda solventarse
en el futuro, mediante los intentos de aproximación que
hasta ahora no han fructificado, en la línea de aunar
intereses que en muchos aspectos pueden resultar convergentes.
El mismo planteamiento cabe hacerse respecto a la asociación
más antigua, con cincuenta años de existencia,
la ANABAD, Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios,
Museólogos y Documentalistas, en que los profesionales
de museos son una minoría importante, con un pasado serio
a sus espaldas recogido en los artículos rigurosos de
su Boletín, donde se integran socios tanto institucionales
como personales, y donde hay planteado en este momento un movimiento
de renovación, casi de refundación, que potencie
el papel de los museos en el esquema general que agrupa a los
distintos colectivos que recogen sus siglas.
A nivel del resto del Estado, al amparo de la organización
autonómica, han surgido también la Asociación
de Museólogos de Cataluña y la de Euskalerría,
aunque esta última prácticamente inactiva, cuyos
planteamientos son bastante similares, lógicamente, a
los de la Asociaciones Profesionales de ámbito nacional.
La Asociación de Museólogos de Cataluña,
nacida en junio de 1995 como heredera de otras asociaciones
anteriores sobre el tema, se plantea definir y potenciar el
perfil profesional de la figura del museólogo y trabajar
por el reconocimiento social y laboral de la profesión;
fomentar la comunicación y la relación laboral
entre sus miembros y velar por el correcto funcionamiento de
los museos y por la salvaguarda del patrimonio cultural y natural.
El papel de la Asociación en el ámbito concreto
catalán ha sido notorio, con una presencia activa en
los debates suscitados por las normas jurídicas relativas
a museos emanadas de las administraciones y con el posicionamiento
práctico en la situación de los museos en Cataluña
y la defensa del patrimonio cultural, participando en temas
tan próximos a la realidad como las recomendaciones referidas
a la contratación de profesionales, muchas de ellas recogidas
en las normas emanadas de la Generalitat, defendiendo la transparencia
y el rigor en los procesos de selección.
El Concello Galego de Museos, creado en 1990 pero con orígenes
una década antes, no es formalmente una asociación
de profesionales sino de museos, una organización de
coordinación entre instituciones, foro de información
y de debate, desde la que se han realizado abundantes propuestas
tendentes a mejorar la realidad museística gallega promovidas,
claro está, por un activo grupo de profesionales vinculados
a los centros integrados en el Concello.
Como resumen de estas notas
apresuradas, el principal problema que afecta a los museólogos
hoy día se refiere a la indefinición de la profesión,
mucho más abierta a posibilidades diversas, enriquecida
por realidades que superan la imagen tradicional del museo,
y por ello más plural.
La antigua figura del conservador, e incluso la del museólogo,
se ha ido difundido y en su lugar aflora un perfil más
poliédrico, con un campo abierto a gente procedente de
distintos horizontes formativos. Como consecuencia de la ampliación
del concepto de museo se está diversificando el colectivo
susceptible de integrarse en él.
En este sentido la línea de acción de
las asociaciones de museos debería ir por una integración
de todas esas realidades nuevas que se manifiestan en el mundo
de la cultura, insistiendo en potenciar lo que tienen de común
–la difusión del patrimonio cultural-; y defendiendo
sobre todo la necesidad de una formación museológica
entre los profesionales que se ocupen de estas tareas en cualquiera
de sus variantes.
De no conseguir adaptarnos a esta realidad cambiante corremos
el riesgo de quedar fuera de juego.
Jorge Juan Fernández (Junta directiva de la
APME)
Texto presentado
al Encuentro Transfronterizo de Museología (Associaçao
portuguesa de museologos) en Salamanca, el 3/5/2002)
|